Reglamento Interior

El Colegio Nacional es una comunidad de cultura al servicio de la sociedad con naturaleza jurídica, dotado de autonomía y personalidad jurídica propia conforme a lo previsto en la Constitución Política

El Colegio Nacional es una comunidad de cultura al servicio de la sociedad con naturaleza jurídica, dotado de autonomía y personalidad jurídica propia conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes aplicables del Gobierno Federal, así como en los Decretos de Creación y reorganización que lo rigen, de fechas 8 de abril de 1943 y 9 de noviembre de 1971, respectivamente.
En virtud de lo anterior, El Colegio Nacional está fuera del ámbito de aplicación de las disposiciones que deben observar obligadamente las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, por lo que para ordenar y guiar su funcionamiento, se expiden los siguientes Estatutos, conforme a lo ordenado en el mencionado Decreto de reorganización, en su Artículo 18, fracción IV.

De las remuneraciones al Consejo

V. Los miembros de El Colegio tendrán idénticos derechos e igual jerarquía. Asimismo, recibirán la misma remuneración mensual y en ningún caso podrá reducirse el importe de ella. Cuando cumplan 70 años de edad, tendrán derecho a jubilación y percibirán la misma remuneración y beneficios que los miembros activos.

VI. El Consejo tendrá la facultad de autorizar pagos complementarios a las remuneraciones que reciban sus miembros, cuando lo considere procedente, de acuerdo a las evaluaciones de sus actividades y a las suficiencias del presupuesto.

VII. Los miembros de El Colegio que cumplan durante diez meses del año lectivo, por lo menos con el 75% de las actividades que les corresponde realizar, tendrán derecho a percibir remuneración durante el receso y el propio Consejo decidirá acerca de ese cumplimiento.

VIII. Los miembros de El Colegio tendrán derecho a un seguro de vida, con la suma suficiente, para que al ocurrir un siniestro sus beneficiarios puedan obtener un rendimiento equivalente al 50% de las remuneraciones mensuales que perciban, si ésta se invirtiera a las tasas bancarias vigentes, en el momento de ocurrir el deceso, siempre que los recursos presupuestales sean suficientes para el pago de la prima correspondiente.