“Estamos llenos de enfermedades psiquiátricas y muy mal tratadas”: Campillo Serrano; en el ciclo «Pensamiento Jurídico Contemporáneo»

Crónica | 3 mayo 2016
“Estamos llenos de enfermedades psiquiátricas y muy mal tratadas”: Campillo Serrano; en el ciclo «Pensamiento Jurídico Contemporáneo»


Crónica | 3 mayo 2016 | http://www.cronica.com.mx/notas/2016/958694.html

Sólo 20% de quienes las padecen reciben tratamiento, refiere Carlos Campillo Serrano en ciclo sobre salud y justicia en El Colegio Nacional. Alertan también sobre obstáculos en salud reproductiva de niñas y mujeres.

El sistema de salud en México tiene múltiples pendientes por atender, como la atención de trastornos mentales, geriatría y salud reproductiva de las mujeres, entre otros. Ante la falta de visibilidad de éstos, El Colegio Nacional, a través de sus miembros Diego Valadés, Héctor Fix Zamudio y Guillermo Soberón, llevó a cabo el ciclo “Pensamiento Jurídico Contemporáneo”, donde especialistas de estas diversas áreas enfatizaron su desatención por parte del Estado mexicano.

Carlos Campillo Serrano, ex director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud expuso un panorama desalentador en materia de salud psiquiátrica.

Señaló que en el país existen 4 mil 500 enfermos mentales crónicos encerrados en hospitales en las peores condiciones; sólo el 20% de los que padecen algún trastorno psicológico reciben tratamiento y el presupuesto del sistema de salud dedicado al área es insuficiente, 2% cuando que la Organización Mundial de la Salud recomienda el 10%.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica México, recordó, 6 de cada 10 mexicanos presentan trastornos psiquiátricos al menos una vez en la vida; 3 de cada 20 en los últimos 12 meses y 1 de cada 20 en los últimos 30 días. “Estamos llenos de enfermedades psiquiátricas y muy mal tratadas, porque sólo 20% son tratados médicamente y a veces tardan hasta 14 años antes de tener diagnóstico y tratamiento”, dijo el especialista.

“Es un gran problema de salud pública, nadie lo duda, donde las personas son marginadas y discriminadas. Son de un grupo de personas invisibles por la gran indiferencia”, señaló el ex presidente de la Academia Nacional de Medicina, actualmente profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Explicó que los principales interesados en revertir este escenario son quienes padecen los trastornos, sin embargo, la discapacidad que padecen por las enfermedades lo dificulta. No obstante, hay actores sociales que pueden darles voz, “el problema con ello es la falta de una gestión eficaz y coordinación”.

Campillo Serrano mencionó que los esfuerzos de los interesados pueden agruparse en tres áreas (paradigmas): la salud pública, los derechos humanos y la discapacidad. 

Refirió que desde la salud pública, por ejemplo, los médicos no han sabido despertar entusiasmo en la población, pero además este paradigma “carece de instrumentos de exigencia y aunque tratamos de generar consciencia, no exigimos”.

El experto concluyó: “En México la atención de sus enfermos mentales es una asignatura pendiente y aunque se cuente con poderosos elementos jurídicos internacionales y nacionales para impulsarla, no se han utilizado. “Por ello se deben involucrar y apoyar a los interesados para que se organicen y sean capaces de gestionarse por sí mismos, además es  recomendable que los actores sociales utilicen el marco de estos paradigmas como guía para coordinarse y dialogar”.

EQUIDAD DE GÉNERO Y ABORTO. En su participación en el ciclo encabezado por los juristas y coordinado por Ingrid Brena, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Regina Tamés —directora del Grupo de Información sobre Reproducción Elegida A.C. (GIRE)— aseguró que, desde la perspectiva de género, el acceso e información de anticonceptivos, el aborto, la muerte materna, la reproducción asistida y la violencia obstétrica son otros grandes pendientes del sector salud”.

La pionera en la introducción de perspectiva de género en el derecho mexicano y fundadora de la Red de académicas latinoamericanas en género, sexualidad y derecho, de la cual es coordinadora, mencionó que ha habido avances en la legislación nacional para la protección de la salud de las mujeres, sin embargo los retos por resolver son aún mayores.

Con base en un informe del GIRE llamado “Niñas y mujeres sin justicia a los derechos reproductivos en México”, del 2015, este problema tiene poca visibilidad en nuestro país y no se ha atendido correctamente. Empleando datos oficiales refiere que México, entre los países integrantes de la OCDE, es el que tiene la tasa de natalidad más alta entre los 15 y 19 años: que de cada diez adolescentes en este rango de edad, dos han estado embarazadas más de una vez; y que el 17% de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años.

“Las niñas y mujeres en México enfrentan una carrera de obstáculos y barreras para ejercer sus derechos reproductivos, donde el primer eslabón son las violaciones relacionadas con el acceso libre, informado y sin discriminación o coacción a los métodos anticonceptivos”.

Añadió que la legislación del país por una parte no es benévola con las menores de edad en su acceso a anticonceptivos, aunque por otra hay casos de “anticoncepción forzada”. Esto sucede cuando el personal de salud impone métodos anticonceptivos a las mujeres sin que haya mecanismos efectivos para su acceso a la justicia y sean víctimas de una esterilización forzada, abundó.

Tamés Noriega puntualizó también el tema del aborto, que en unos estados es penalizado, en tanto que en otros es un derecho, lo cual provoca una discriminación jurídica ya que las mujeres tienen más o menos derecho a interrumpir un embarazo dependiendo de su lugar de residencia.

Agregó que la criminalización del aborto se mantiene constante: existen 682 denuncias reportadas en los estados donde GIRE atiende casos, y cuyo propio personal de salud hizo las denuncias. Éstas son encabezadas por la ciudad de México, Quintana Roo, Baja California, Veracruz y Guanajuato.

Por otra parte, dijo que han registrado a 9 mujeres en prisión definitiva y 13 en preventiva, pero habría más. Además, hay 29 sentencias por tribunales de justicia locales. México está invirtiendo en perseguir a mujeres sin recursos económicos e informativos, apuntó, por no continuar su embarazo o por haber tenido un aborto espontáneo. “El acceso al aborto libre y seguro sigue viéndose como un problema de la ley criminal y no de la salud pública o justicia social”.

En el encuentro, realizado en El Colegio Nacional, también participó Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director del Instituto Nacional de Geriatría y Guillermo Soberón, entre otros. A manera de conclusión, la doctora Ingrid Brena refirió que la base común de las charlas fue asentar que el Estado mexicano no está atendiendo los problemas de salud de su población como debería, por lo que se debe “movilizar a la sociedad para exigirlo”.