Crónica | 24 enero 2017 | http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1006452.html

Diego Valadés, doctor en Derecho, reflexiona sobre los 100 años de la Constitución y dice que es necesario reordenar su texto, porque perdió unidad y sistematicidad. Tenemos que introducir reformas que ofrezcan a la sociedad equidad, acceso a la justicia y una democracia confiable.

El próximo 5 de febrero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplirá 100 años de guiar el destino de la nación. Pero a un siglo de su promulgación: ¿Cumple con las expectativas de la sociedad?, ¿se debe reformar o sustituir? y ¿cuáles son sus debilidades y fortalezas?

Son algunos cuestionamientos sobre los que en entrevista con Crónica reflexiona el doctor en Derecho e investigador de la UNAM, Diego Valadés, quien señala que uno de los debates actuales es si la Constitución debe reformarse o sustituirse. Él se decanta por lo primero. “Hay que reordenar el texto, porque durante este siglo perdió unidad y sistematicidad y uno de los puntos torales será cambiar el régimen de gobierno porque sigue siendo monocolor y vertical, no plural como son el Congreso y el país”. 

—La entrevista con el también integrante de El Colegio Nacional y la Academia Mexicana de la Lengua inicia con la pregunta: ¿La Constitución de 1917 cumple sus funciones para la sociedad y el país?

—Mi impresión es que no. Fue una Constitución muy importante cuando se planteó la necesidad de construir las reivindicaciones sociales que la Revolución había ofrecido, pero lo que hoy requiere el país, además de un sistema de equidad social que se ha venido perdiendo, es una democracia institucional funcional. Y esa no la tenemos.

—¿Qué es lo que no cumple?

—Una Constitución tiene varias funciones: la primera es estructurar los órganos de gobierno y hacerlos funcionar; la segunda, servir como instrumento de cohesión social, pero en este momento tenemos un déficit en los dos aspectos: de gobernabilidad, que quiere decir que las instituciones que tenemos no son las que requiere el país y, que la Constitución dejó de ser un factor de cohesión social.

—¿Entonces, para tener un mejor país debemos tener un Estado más activo que cumpla los preceptos de la Constitución?

—Ésa es mi impresión. Los problemas centrales del país son: equidad social, acceso a la justicia y mejor democracia. Esos tres aspectos deben ser atendidos mediante reformas a la Constitución, que la actualicen y le den otros 100 años o más, es decir, otro espacio temporal de vigencia. Para eso necesitamos hacer dos cosas: uno, darle una nueva sistematización a la Constitución, es decir, reordenar su texto, que al cabo de un siglo perdió unidad y sistematicidad; y segundo, introducir las reformas que ofrezcan a la sociedad equidad, acceso a la justicia y una democracia confiable.

—¿Cuáles serían los puntos a reformar?

—Hay que partir por la modificación del régimen de gobierno, porque tenemos en este momento una sociedad avanzada que ha optado por el pluralismo; existe un sistema representativo bien integrado desde el punto de vista de reflejar características plurales de la sociedad, pero aún deficiente en cuanto a que es un pluralismo sin consecuencias, es decir, el pluralismo que vemos en el Congreso no se refleja en el gobierno. El Gobierno sigue siendo monocolor, vertical y no un gobierno plural como es el Congreso y el país.

—¿Sería eliminar el sistema presidencialista?

—Tenemos un presidencialismo estructurado a las necesidades de 1917, no a las exigencias y posibilidades que ofrece la democracia en 2017.

—¿Cuáles serían las directrices para actualizar este presidencialismo?

—Están ya algunas bases en la Constitución, pero se prevé que entren en vigor hasta 2018 y consisten básicamente en mejorar el sistema representativo permitiendo la reelección y en mejorar las condiciones de gobierno, permitiendo las coaliciones de gobierno, pero esto es el inicio. También habrá que construir instrumentos que permitan que el Congreso ejerza controles políticos eficientes con relación al Gobierno. Hemos tenido distorsiones muy graves en los ámbitos federal y local que se traducen, entre otras cosas, en corrupción e incompetencia.

En los gobiernos locales, lo que estamos viendo es un resurgimiento muy agresivo de los caciquismos, con efectos negativos que se advierten muy claramente en los fenómenos de corrupción que todos los mexicanos estamos presenciando.

—¿Reformas para reformar al país?

—Hay dos grandes tendencias que se van perfilando. Una, que busca reformar la Constitución y otra en el sentido de sustituirla. Me inclino por la reforma constitucional porque todo lo que necesitamos, en cuanto a modificación institucional, se puede hacer en el marco de la actual Constitución sin tener que poner en riesgo los avances que ya se han conseguido, como la laicidad del Estado, pero también es más fácil que reconstruyamos el sistema presidencial sobre las bases que tenemos y mediante el nuevo concepto que está prevaleciendo en el mundo de un sistema presidencial racionalizado, esto es, que manteniéndose la figura del presidente como Jefe de Estado o Gobierno se complemente esa presencia con un gabinete que sea políticamente responsable ante el Congreso.

¿Qué quiere decir políticamente responsable?, que los programas de gobierno sean discutidos y aprobados por el Congreso y no adoptados de manera unilateral por el gobierno; dos, que en la implantación de las políticas públicas, los encargados de cada área rindan cuentas permanentemente al Congreso acerca de los avances realizados; y tres, que cuando la valoración de esos avances no sea satisfactoria para los representantes de la nación, se proceda a establecer responsabilidades políticas a los titulares de cada área, para que si cumplen se les dé la confianza y si incumplen se les censure y remueva. Necesitamos que el proceso actual de que todo lo que se hace sea imputable al Presidente, que por razones constitucionales no puede ser removido, sea imputable a los secretarios de Estado, conforme a la Constitución, y sean cesados.

—¿La Constitución tiene vigencia?

—Sí, está vigente, lo que pasa es que tenemos en la Constitución dos estructuras diferentes: una, corresponde a la democracia electoral que sí existe y a un sistema representativo; y, otra, un sistema presidencial arcaico que sigue siendo muy concentrador del poder y que está en contradicción con el resto de la Constitución. Por tanto, la disfuncionalidad está en que en un mismo texto vemos instituciones democráticas e instituciones propias de la monocracia.

—¿La Constitución cómo está en el imaginario popular?

—Lamentablemente la percepción social de la Constitución es negativa. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hemos hecho cuatro encuestas sobre esto: una en 2003 y el 46% de la población creía que la Constitución era adecuada a las necesidades del país; en 2011, el porcentaje bajó al 28%; en 2015, se redujo al 22%; y la última muestra que tomamos, en diciembre de 2016, bajó al 20%. De manera que hoy uno de cada cinco mexicanos considera que la Constitución es adecuada a las necesidades del país. Con estos datos vemos que la sociedad no entiende que el documento fundamental no esta dando respuesta a sus expectativas, esperanzas y necesidades. Esto lo tenemos que cambiar y es posible si se diseñan reformas bien elaboradas y luego bien aplicadas.

Congreso sobre la Constitución

El Décimo Tercer Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional se realizará los días 1, 2 y 3 de febrero en el Palacio de Minería y contará con más de 200 juristas extranjeros y cerca de mil profesores y estudiantes de Derecho del país, para hacer una evaluación de los 100 años de la Constitución.