El número de demandas y juicios por atención médica ha aumentado a tal grado que hay una urgente necesidad de que los abogados y jueces se preparen sobre medicina, y también que los profesionales de la salud conozcan de leyes, normatividad y responsabilidad jurídica.

Este fenómeno de la judicialización de la salud viene de hace años, pero hoy crece con tal fuerza que en las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se debaten al menos tres casos de salud cada semana. Por cierto, que muchas de ellas se pueden ver en el Canal Judicial.

El ministro José Ramón Cossío es uno de los expertos juristas que ha logrado vincular el ámbito judicial con la medicina, al grado de que hoy es ministro de la Corte y al mismo tiempo miembro de la Academia Nacional de Medicina (ANM), que preside Enrique Graue, donde junto con un grupo de los más prestigiados médicos del país están avanzando en una mayor comprensión de cada ámbito.

Realizan seminarios en la Facultad de Medicina de la UNAM sobre lo relevante que es el derecho en el ejercicio médico. Y en la ANM, abogados y médicos debaten sobre casos delicados buscando aprendizaje mutuo.

El Colegio Nacional acaba de publicar dos libros coordinados por el ministro Cossío de obligada lectura tanto para profesionales de leyes como profesionales de la salud. Uno es Modelos médicos y modelos jurídicos —coordinado junto con el doctor Ruy Pérez Tamayo, y el otro, La regulación de la medicina genómica en México, primera etapa. Lo que se plantea es que si hay cinco distintos tipos de medicina —terapéutica o curativa, paliativa, predictiva y la predictiva o de salud pública— de igual manera deben encontrarse maneras diferenciadas para moderar jurídicamente la profesión médica.

Con motivo de dichas publicaciones, el ministro fue invitado por la Escuela de Medicina y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, y ahí compartió cómo fue creciendo su interés por comprender mejor el ámbito médico a partir de casos presentados ante la Corte.

Hay algunos muy representativos. Uno fue el de unos jóvenes soldados que hace 13 años demandaron a las Fuerzas Armadas por darlos de baja al estar contagiados de VIH. Los ministros, aceptando que no pueden saber de todas las áreas, buscaron apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias, y conocieron la diferencia entre la posición de una persona con VIH de la que tiene SIDA y la que es seropositiva. Al final, la Corte dio la razón a los soldados, y ordenó al Ejército reincorporarlos y asignarles tareas acordes para, aun siendo seropositivos, pudieran seguir prestando sus servicios en la milicia.

Otro caso fue el de alguien que quería cambiar de sexo. Los ministros preguntaron a expertos médicos y pudieron verificar que esa persona tenía un hermafroditismo (poseía ambos órganos sexuales) muy desarrollado y le dieron la razón legal para hacer el cambio de sexo. Otro tema emblemático fue aquél en el que la Corte definió que la interrupción del embarazo no es ilegal si se hace a más tardar en la doceava semana.

Hoy los médicos están siendo acusados de responsabilidad civil, penal y administrativa. La oleada de inconformidades se pudo contener en algún tiempo con la labor de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), pero también ha jugado un papel primordial la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su presidente Luis Raúl González Pérez recién reportó ante la SCJN que el mayor número de demandas que reciben hoy son contra el IMSS, dirigido por Mikel Arriola.

Definitivamente, abogados y médicos están obligados a llegar a grandes consensos.