ECN | 5 diciembre 2018
Conservación de la biodiversidad: ¿Cómo se debe financiar? | Seminario
- La biodiversidad es la clave para el bienestar social: Julia Carabias Lillo
- La conservación de los ecosistemas constituye un serio problema, que sólo va a cambiar de manera importante en la medida en que conduzcamos el sentimiento claro, inequívoco, confiable de la dependencia de la sociedad humana sobre el capital natural: José Sarukhán
- Lo importante es reconocer que para poder administrar el territorio hay que distinguir entre los dos perfiles de brechas financieras y cómo atacarlas de manera eficaz: Andrew Rhodes
- Financieramente estamos peleando contra el monstruo que es la degradación ambiental: María Zorrilla
- Es tiempo de que las decisiones pasen por un escrutinio muy profundo de utilidad pública: Lorenzo Rosenzweig
- La lineación en las estrategias a largo plazo favorece las sinergias: Concepción Molina
- El papel de los pagos por servicios ambientales es conectar a las personas que manejan los recursos con la sociedad que depende de estos recursos: Santiago Izquierdo
- Hay que adaptar el diseño de los pagos por servicios ambientales al contexto económico, social y ambiental de cada país: Elizabeth Shapiro
El Colegio Nacional (ECN) albergó ayer en la tarde el seminario Conservación de la biodiversidad: ¿cómo se debe financiar?, coordinado y moderado por la colegiada Julia Carabias Lillo, bióloga y militante ecologista.
Carabias inició la sesión señalando que la biodiversidad aún no tiene la alta prioridad que requiere en México y que el desarrollo del país está estrechamente ligado al entendimiento y la protección del patrimonio natural. La bióloga continuó explicando que en la República ha habido un enorme vaivén en la incorporación de la biodiversidad en la agenda de las políticas públicas y, a nivel del Estado moderno, “hemos perdido la sensibilidad de la importancia y respeto a la naturaleza en la medida que las sociedades se han convertido en más urbanas que rurales”. La integrante de ECN remarcó que las políticas públicas han estado empujando permanentemente una visión del campo mexicano, que es una visión “sesgada y simplista”, y no el espacio donde se ubican los ecosistemas naturales.
Además añadió que los procesos de tenencia de la tierra y de la relación del dueño de la tierra con sus recursos naturales van generando cambios que a lo largo de la historia han causado una disminución notable del patrimonio natural: la cantidad de superficie que en México se ha transformado de ecosistema natural a sistemas agropecuarios, zonas urbanas y zonas con infraestructura es de más de la mitad, según informó Carabias.
A pesar de las políticas implementadas en los últimos 25 años para la conservación del patrimonio natural, con la creación de comisiones como la CONABIO y la CONANP, y los esfuerzos de las asociaciones de la sociedad civil, la bióloga advirtió de que “el financiamiento sigue siendo insuficiente para poder cumplir los retos. Hay instituciones, hay políticas, hay instrumentos, hay leyes, pero el financiamientos está siendo siempre un obstáculo y los retos son mayores”. “La biodiversidad”, concluyó Carabias, “es la clave para el bienestar social”.
El colegiado José Sarukhán, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), realizó la primera intervención del seminario subrayando la importancia de la comunicación y la educación de la población sobre temas de biodiversidad. El contacto con y la dependencia directa de los sistemas naturales cada vez es menor y, por lo tanto, gran parte de la población humana se ha independizado de esta relación. Según Sarukhán, no hay una presión sobre los gobiernos para la conservación de los ecosistemas, lo cual constituye “un serio problema, que sólo va a cambiar de manera importante en la medida en que conduzcamos el sentimiento claro, inequívoco, confiable de la dependencia de la sociedad humana sobre el capital natural”.
La actividad continuó con la participación de Andrew Rhodes, encargado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que gestiona la conservación de 90.8 millones de hectáreas, territorio en el que habitan tres millones de personas y muchos millones más en las zonas de influencia inmediata a las zonas protegidas. Rhodes señaló que, para entender el tema de financiamiento de la conservación de estos espacios protegidos, hay que comprender la brecha financiera vertical, de operaciones y personal, y otra brecha horizontal, de espacio. “Lo importante es reconocer que para poder administrar el territorio hay que distinguir entre los dos perfiles de brechas financieras y cómo atacarlas de manera eficaz”.
Seguidamente tomó la palabra María Zorrilla, en representación de la iniciativa BIOFIN, quien compartió los resultados de los análisis llevados a cabo por este programa de las Naciones Unidas. Según datos del 2015, el gasto en biodiversidad que ejerció la administración pública federal llegó a los 18 mil millones de pesos, un 0.38% del presupuesto federal total. BIOFIN calculó que para instrumentar las acciones que establece la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad entre los años 2017 y 2020 costaría un 46% más del presupuesto destinado en 2015, siendo el eje de conservación y restauración de los sistemas naturales el que sufre la brecha financiera más grande. Zorrilla remarcó que “financieramente estamos peleando contra el monstruo que es la degradación ambiental”.
Le siguió el ingeniero bioquímico Lorenzo Rosenzweig, director general del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), una instancia privada que tiene como objetivo negociar recursos para financiar las prioridades de conservación del país. Rosenzweig indicó que los mercados cada vez están más interesados en el fenómeno del costo para la sociedad, y esta perspectiva “es un buen camino para revertir el proceso de falta de financiamiento”. “Es tiempo de que las decisiones pasen por un escrutinio muy profundo de utilidad pública, es decir: lo que estamos haciendo, ¿le conviene al país?”, ponderó el ingeniero.
A continuación, Concepción Molina arrojó algunos datos sobre la alianza entre WWF y la Fundación Carlos Slim, que en los últimos diez años han apoyado 63 organizaciones de la sociedad civil y universidades, así como unos 100 proyectos en seis regiones prioritarias. 77% de los proyectos han sido desarrollados en áreas naturales protegidas o sus zonas de influencia, y el resto en regiones prioritarias para la conservación. Molina señaló que “la lineación en las estrategias a largo plazo favorece las sinergias’, y añadió que “estas sinergias y la colaboración directa entre diferentes sectores de cada una de las áreas prioritarias, así como entre la sociedad civil nacional e internacional, la academia y la participación de tres niveles de gobierno, han sido muy importantes”.
Por último, Santiago Izquierdo Tort y Elizabeth Shapiro Garza realizaron una exposición sobre los pagos por servicios ambientales (PSA), una clase de instrumentos económicos diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo, de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental (ecológico) que beneficia a la sociedad como un todo. En algunos casos, los pagos buscan que los usuarios del suelo adopten prácticas de uso que garanticen la provisión de un servicio en particular, como por ejemplo plantar árboles con fines de secuestro de carbono. “El papel de PSA es conectar a las personas que manejan los recursos con la sociedad que depende de estos recursos”, señaló Izquierdo. Shapiro destacó que los PSA son un modo de que la gente de la ciudad valore la conservación de la naturaleza, e indicó que “hay que adaptar el diseño de los PSA al contexto económico, social y ambiental de cada país”.
Puede consultar la actividad completa en el canal de YouTube de El Colegio Nacional: https://www.youtube.
