ECN | 24 abril 2018
Los problemas nacionales y el derecho III | La corrupción | Ejercicio de la actividad profesional y corrupción
- Los profesionales somos agentes muy importantes del cambio y de la ordenación de los fenómenos de corrupción. Las profesiones tienen que organizarse de tal forma que ellas mismas establezcan mecanismos de control sobre sus miembros: José Ramón Cossío
- Desde las instituciones educativas, debemos luchar para que los estudiantes se asuman como agentes del cambio social, vean las ventajas de vivir en un estado de Derecho, y sean conscientes de la contribución que pueden realizar a la defensa de la cultura de la legalidad en su entorno laboral y social: Tania Gabriela Rodríguez Huerta
Como parte del ciclo Los problemas nacionales y el derecho: la corrupción, coordinado por José Ramón Cossío, El Colegio Nacional (ECN) albergó la tarde de ayer la conferencia Ejercicio de la actividad profesional y corrupción, que contó con la participación de Sergio Huacuja Betancourt, como representante de la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados, A.C., Adriana Sofía Labardini Inzunza, ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y Tania Gabriela Rodríguez Huerta, Directora del Programa de la Licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Durante la plática, los ponentes expusieron las causas y los efectos de la corrupción en el ejercicio de la actividad profesional, centrándose especialmente en la práctica de la abogacía, y exploraron cómo se manifiesta el fenómeno, cómo se realiza por los profesionales y cómo se debería combatir desde el sector público, las escuelas de derecho y las asociaciones profesionales.
Cossío, integrante de ECN, apuntó que la corrupción “es un fenómeno muy importante” que afecta la moral pública, a la aplicación de las normas jurídicas y al estado de Derecho, consume una cantidad importante de recursos públicos y privados y genera un grado importante de descomposición social. El colegiado no dudó en afirmar que “los profesionales somos agentes muy importante del cambio y de ordenación de los fenómenos de corrupción”, y abogó por un sistema en el que las profesiones se organicen de tal forma que ellas mismas establezcan mecanismos de control sobre sus miembros.
Sergio Huacuja Betancourt inició el comentario señalando que la lucha formal contra la corrupción en la República no se remonta más allá de los últimos treinta años y explicó que la primera convención internacional de la que México forma parte es la Organización de los Estados Americanos (1993). Posteriormente, en 1994, ingresa en la OCDE y, finalmente, en 2013 se elige la ciudad de Mérida (Yucatán) como sede de la suscripción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El jurista continuó relatando que, a partir de estos tres compromisos internacionales, México asume una serie de principios que formalmente se implementan como instrumento jurídico con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en mayo de 2015. “Con este sistema quedó patente que el problema de la corrupción no es un tema exclusivamente del sector público, es también una parte importante del sector privado”, aseveró Huacuja Betancourt. Huacuja sostuvo que “los que hemos tenido el privilegio de tener una educación superior tenemos una enorme responsabilidad social y el deber de transmitir el conocimiento a nuestra ciudadanía” y abordó el tema de los colegios profesionales como medios imprescindibles del control ético del ejercicio profesional, mencionando que, a este fin, se fundó el Consejo Nacional de la Abogacía, que emitió un código único donde se establecen las premisas fundamentales a las cuales se deben de ceñir los abogados.
Le siguió en el comentario Tania Gabriela Rodríguez Huerta, quien se centró en el papel de las escuelas y las universidades contra la corrupción. Rodríguez Huerta advirtió que “debemos de repensar y construir cómo insertamos en la formación del estudiante de derecho el sentido de la responsabilidad social y la cultura de la legalidad” y denunció que, muchas veces, en las universidades se practican, se toleran e incluso se premian pequeños actos de corrupción, que los alumnos aprenderán y repetirán en su actividad profesional. Para combatir el fenómeno, la jurista remarcó la necesidad de concientizar a los estudiantes y de enseñar el derecho como un motor de cambio social. “Desde las instituciones educativas, debemos luchar para que los estudiantes se asuman como agentes del cambio social, vean las ventajas de vivir en un estado de Derecho, y sean conscientes de la contribución que pueden realizar a la defensa de la cultura de la legalidad en su entorno laboral y social”, manifestó Rodríguez Huerta.
Por último, Adriana Sofía Labardini Inzunza incidió en la importancia de la educación y los valores que se inculcan desde edades tempranas, y señaló la importancia de “cuidar el sistema de incentivos antes de pretender cambiar y regular conductas humanas”. La jurista coincidió con sus compañeros de mesa en que es fundamental “administrar un control de calidad” de las casi 2000 instituciones de educación superior que que ofrecen la licenciatura de Derecho en México, muchas de ellas privadas, aunque también advirtió que, si bien debe haber un modelo de colegiación, este no puede implicar el monopolio de una patente para ejercer. Así mismo, Labardini Inzunza sostuvo que otro de los principales problemas en la práctica profesional de la abogacía es el tráfico de influencias y defendió la creación de un sistema meritocrático “en el que todos los buenos abogados y abogadas tengan acceso a poder ejercer por su honorabilidad y su ética”.
Puede consultar la actividad completa en el canal de YouTube de El Colegio Nacional: https://www.youtube.
