Síntesis Informativa - El derecho y la salud mental

Colnal | 8 febrero 2019
Síntesis Informativa - El derecho y la salud mental

 

Colnal | 8 febrero 2019

El derecho y la salud mental | Seminario  

 

  • La dicotomía medicina/derecho no puede leerse en términos absolutistas: Juan Luis González Alcántara
  • No atender la enfermedad mental es muy costoso para la sociedad: María Elena Medina-Mora
  • El derecho aún refleja las discapacidades psicosociales de una forma binaria: José Ramón Cossío
  • Necesitamos transitar a nuevos modelos de impartición de justicia en los que se busque la inclusión y el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad: Mariana Mureddu Gilabert
  • Los estados de interdicción no significan un menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia: Lorena Von Aguilar
  • Tenemos un sistema de justicia que está completamente en deuda con las personas que tienen alguna discapacidad mental: Arturo Luis Cossío Zazueta
  • El problema de la discapacidad psicosocial son todas las barreras que les estamos poniendo a las personas que padecen un trastorno mental para que no puedan desarrollarse como el resto de personas: J. Nicolás Iván Martínez López
  • El consentimiento informado es la piedra angular en la relación médico paciente: Zoraida García Castillo
  • Las directrices anticipadas son una de las conquistas por parte de las personas con condiciones mentales, en el ejercicio de su derecho de autodeterminación en aquello que tiene que ver en su salud de manera prevista: Liliana Mondragón Barrios 

 

Este jueves 7 de febrero El Colegio Nacional (Colnal) albergó el seminario El derecho y la salud mental, coordinado por la colegiada María Elena Medina-Mora. A diez años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta actividad reunió a diversos especialistas del ámbito jurídico y de la salud para abordar los retos aún pendientes en cuanto a los derechos humanos y la inclusión de las personas con discapacidad psicosocial.

Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló en su discurso de presentación que la firma de la Convención en México marcó y definió un derrotero paradigmático de los derechos de las personas con discapacidad, aunque reconoció que aún queda una largo trayecto por recorrer. Alcántara advirtió que “la dicotomía medicina/derecho no puede leerse en términos absolutistas” y defendió “la imperiosa necesidad de que el derecho y la medicina se unan y logren la sensibilidad necesaria para que desde la perspectiva del juzgador y en los hospitales se respeten todos los derechos consagrados en la Convención.”
La primera conferencia de la mañana, Retos para la salud mental y el derecho, estuvo a cargo de la colegiada María Elena Medina-Mora y de la magistrada Mariana Mureddu Gilabert, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En cuanto a la protección de las personas con discapacidad mental, Medina-Mora señaló que los principales problemas en la actualidad son el abandono de estas personas en instituciones, la brecha de tratamiento, ya que más del 80% de discapacitados no tienen acceso a cuidados y medicación, y la brecha de traslación de resultados de investigación a la práctica clínica. Además, la integrante del Colnal señaló que México “tiene uno de los índices más altos de inequidad y estigma en cuanto a los trastornos mentales, por encima de países como Colombia o Estados Unidos”. Medina-Mora abogó por una armonización entre el modelo social y el modelo médico para suprimir las barreras sociales y ambientales a las que se enfrentan las personas con discapacidad, y concluyó enfatizando que “no atender la enfermedad mental es muy costoso para la sociedad”, ya que la OCD ha estimado que el 4% del PIB se pierde cuando no se atiende a las personas que en algún momento de su vida sufren de un trastorno mental.
Por su parte, Mariana Mureddu Gilabert se centró en los retos de los derechos de las personas con discapacidad mental desde una perspectiva jurídica, indicando que hasta la fecha “no se ha logrado que la legislación mexicana se adecue al modelo social consagrado en la Convención”. La magistrada expuso que es indispensable revisar nuestra legislación para comprobar si ha evolucionado en la materia al grado de tomar en cuenta los avances en el tema de la salud mental, tanto respecto a la prevención, la detección y tratamiento, como en el desarrollo de la protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables. Mureddu finalizó remarcando que “nuestra legislación penal vincula a la discapacidad psicosocial con la peligrosidad o con las necesidades proteccionistas que siguen marginando y perpetuando la discriminación, por ello necesitamos transitar a nuevos modelos de impartición de justicia en los que se busque la inclusión y el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad”. 
La segunda conferencia del seminario, dedicada a la Interdicción, fue impartida por la jurista Lorena Von Aguilar, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por el colegiado José Ramón Cossío.
Von Aguilar abordó los procesos de interdicción desde una perspectiva estrictamente jurídica, especificando que son una restricción de la capacidad jurídica de ejercicio “que no significa un menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia”, y señaló que los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes legales, tutor y curador. La jurista también definió que la tutela es un cargo que la ley impone a las personas jurídicamente capaces para la protección y defensa de los menores de edad o incapacitados, y los tutores están legitimados para realizar actos que implican el ejercicio de un derecho o facultad, cuya titularidad corresponde al representado. 
Por su parte, el integrante del Colnal José Ramón Cossío, presentó dos casos que ejemplificaron la tensión entre los modelos de reclusión y de incorporación, así como entre los modelos de substitución y asistencia. El colegiado reconoció que “el derecho aún refleja las discapacidades psicosociales de una forma binaria: la persona está bien o está mal, pero en el medio hay una situación muy borrosa en la que no sabemos qué condición tienen las personas para el propio orden jurídico”. El colegiado incidió en la necesidad de seguir recabando conocimientos y experiencias para “llevar todo esto a una legislación que nos ayude a construir mejores condiciones de vida para los habitantes del país”. 
Después de un breve receso tuvo lugar la ponencia sobre Inimputabilidad, a cargo del jurista Arturo Luis Cossío Zazueta, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y de J. Nicolás Iván Martínez López, psiquiatra forense del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM).
Cossío Zazueta comenzó explicando que una persona inimputable no puede cometer un delito, tan solo una infracción, puesto que según la Ley Penal mexicana la inimputabilidad se define como el trastorno mental transitorio o permanente que impiden comprender la ilicitud o conducirse de acuerdo con esta comprensión.
El jurista profirió que el principal reto que enfrenta el tema de la inimputabilidad es cómo realizar los ajustes razonables que observa la Convención en los procedimientos penales, para permitir que las personas discapacitadas enfrenten los procesos con la asistencia necesaria sin que se le excluya y se decida sobre ellos, viéndolos como sujetos de derecho y no como objetos de protección. “Tenemos un sistema de justicia que está completamente en deuda con las personas que tienen alguna discapacidad mental”, lamentó el jurista.
En su intervención, Martínez López abordó el tema de la inimputabilidad desde el punto de vista de la salud mental forense, y remarcó que el problema de la discapacidad psicosocial “son todas las barreras que les estamos poniendo a las personas que padecen un trastorno mental para que no puedan desarrollarse como el resto de personas”. El especialista denunció que en México no existen instituciones sólidas de salud mental forense o psiquiátricos penitenciarios, por lo tanto las personas con discapacidad psicosocial que están sin declarar inimputables o están en proceso de ser declaradas, están en los reclusorios sin tratamiento y en condiciones muy desfavorables. Martínez López finalizó señalando que “no estamos en un derecho penal de autor, sino de acto: los delitos en presunción de un inimputable deben estudiarse a profundidad y con el principio de inocencia”. 
La última conferencia del seminario giró en torno al tema del consentimiento y las directrices anticipadas, y contó con las intervenciones de las investigadoras Zoraida García Castillo, de la Facultad de Medicina de la UNAM, y Liliana Mondragón Barrios, del INPRFM.
García Castillo precisó que el consentimiento informado es un proceso de comunicación complejo, dinámico y permanente entre el médico y el paciente dirigido a la toma de decisiones, y supone “la piedra angular en la relación médico paciente”. Los principios éticos del consentimiento informado son la autonomía, la libertad, la dignidad, el derecho al acceso a la información y la justicia. En cuanto a su marco jurídico, en México está regulado por la Ley General de Salud, y contamos con un Código de Bioética para el personal de salud que contempla este derecho.
El tema de las directrices anticipadas en psiquiatría (DAP) fue planteado por Mondragón Barrios, quien detalló que las voluntades anticipadas son el antecedente de las DAP y suponen “una de las conquistas por parte de las personas con condiciones mentales, en el ejercicio de su derecho de autodeterminación en aquello que tiene que ver en su salud de manera prevista”. Las DAP constituyen un proceso mediante el cual las personas con condición mental predeterminan los aspectos de su cuidado posterior; se aplica cuando éstas pudiesen carecer de la capacidad para que se conozcan y respeten sus deseos sobre su tratamiento. Según defendió la investigadora, “si una persona tuvo capacidad para prever y expresar su voluntad libremente y lo hizo con anterioridad, esta voluntad deberá tenerse en cuenta y ser respetada”.
El seminario concluyó con una mesa redonda en la que intervinieron María Luisa Rascón Gasca, investigadora del INPRFM, Cecilia Guillén del Colectivo En primera persona, y Gabriela Cámara Cáceres, de la Asociación Voz Pro Salud Mental, quienes ofrecieron una visión del tema desde la perspectiva profesional, familiar y del activismo. Las ponentes reivindicaron la necesidad de la participación de los discapacitados en la confección de sus derechos y coincidieron en su condena al estigma de discriminación que aún sufren las personas con trastornos mentales.
Puede consultar la actividad completa en el canal de YouTube de El Colegio Nacional: https://www.youtube.com/watch?v=jcD7mtPyqKw