Síntesis informativa - El derecho y la salud mental

Colnal | 8 mayo 2019
Síntesis informativa - El derecho y la salud mental

Colnal | 8 mayo 2019

El derecho y la salud mental | Seminario permanente

La proporción de la carga atribuible a la enfermedad mental es seis veces mayor que la proporción de los fondos que son asignados: María Elena Medina-Mora

El Programa Nacional de Salud Mental 2013-2018 debería de servir como principio orientador de política pública de Estado: Emilio Álvarez Icaza Longoria

Hay 15% de la población mundial que tiene algún tipo de discapacidad: Mercedes Juan López

● La inmensa mayoría de los trastornos mentales más discapacitantes se dan en los grupos de mayor productividad: Eduardo Ángel Madrigal de León

En la sociedad civil estamos para mejorar el hoy, el presente y el futuro: Gabriela Cámara Cáceres

Las personas con discapacidad tienen que ser tratadas en igualdad de condiciones que las otras personas: Mariana Mureddu Gilabert

 

El Seminario permanente El derecho y la salud mental, tuvo una nueva sesión este miércoles gracias a la coordinación de los colegiados José Ramón Cossío y María Elena Medina-Mora. En esta ocasión, el seminario buscó, por medio de especialistas, soluciones a los temas urgentes relacionados a los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Al inicio de la conferencia, el integrante de El Colegio Nacional (Colnal) José Ramón Cossío, adelantó la continuidad en la cooperación del seminario con el Instituto Nacional de Psiquiatría, mientras que la colegiada María Elena Medina-Mora hizo un recorrido de lo hecho y lo que se tiene planeado en el seminario y afirmó que “la primera etapa del seminario fue analizar una serie de temas pendientes y se sacaron una serie de pasos para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad mental”.

El primero en tomar la palabra fue el senador de la República Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien advirtió que actualmente hay un marco de incertidumbre en las políticas de tratamiento a la salud mental con decisiones como la desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis). El senador también señaló el desfase legislativo que se tiene en México respecto a acuerdos internacionales firmados: “el dilema que estamos viviendo esencialmente es cómo esos principios se convierten en acción y el dilema es doble cuando lo que se había establecido como acción de política pública masomenos está siendo dinamitado”.

Asimismo, Álvarez Icaza señaló dos momentos destacados respecto a la implementación de políticas públicas en el tema. El primero fue la publicación en 2014 del Informe de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad en donde destacó las recomendaciones para eliminar conceptos peyorativos en la ley, suspender cualquier reforma legislativa que tiene que ver con la suspensión de voluntad, promover procesos de armonización de leyes a nivel estatal y federal, eliminar medidas de seguridad que implican tratamiento médico psiquiátrico en internamiento, derogar la legislación que permite la detención basada en la discapacidad mental y aumentar el presupuesto destinado al tema. El segundo momento que subrayó el también defensor de los derechos humanos fue la reciente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que arrojó un documento bajo el nombre de Política de drogas y denuncias de prácticas violatorias de derechos humanos del modelo de atención a la salud mental en México y destacó las recomendaciones para una reforma inclusiva a la ley de salud, la regulación de centros de atención privados que violan derechos humanos, el incremento presupuestario a la salud mental, implementar una estrategia de desinstitucionalización y realizar un diagnóstico puntual de la situación en el tema.

Por último, Álvarez Icaza ofreció su ayuda para participar como intermediario para acercar el tema de la salud mental al Senado de la República y tener un modelo de parlamento abierto. Al respecto, el senador señaló que la discusión en el poder legislativo está atrasada en comparación con la discusión pública y agregó que “mi intención es provocar un debate público en el Congreso para que esto se atienda (...) creo que este tipo de temas necesita abarcar la centralidad de lo importante, tenemos que acelerar el proceso de armonización y dar un brinco para que nuestro marco legal sea por lo menos convencional”.

Más adelante, la exdirectora de la Conadis, Mercedes Juan López, coincidió con la exposición anterior al afirmar que “los compromisos adquiridos con organismos internacionales como la ONU y la Ley General de inclusión de personas con discapacidad obliga al Estado mexicano a tener una instancia rectora en temas de discapacidad”. La especialista puntualizó que en el mundo el 15% de la población tiene alguna discapacidad y poco más del 50% son mujeres. En este sentido, señaló que en México el 6% de la población tiene una discapacidad y los índices más altos están relacionadas con temas de motricidad, seguida de lo visual, lo psicosocial y lo auditivo.

Mercedes Juan López afirmó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo las personas vivirán en promedio 7 años con alguna discapacidad y de acuerdo a la misma organización las personas con discapacidad psicosocial son “personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos como el estigma, la discriminación y la exclusión”. Al respecto, la médica mostró una gráfica que relaciona ciertas enfermedades, como la diabetes y la obesidad, con el incremento de algún tipo de discapacidad. En este sentido, mencionó que las condiciones de violencia, pobreza y adicción a las drogas generan trastornos mentales y se ha hecho evidente que las discapacidades psicosociales son la primera causa de suicidio debido a la depresión.

Juan López concluyó denunciando que las personas con discapacidad psicosocial sufren de encierros involuntarios que violan sus derechos humanos y el tratamiento que necesitan no llega debido a que hay una gran ignorancia y estigmatización. Finalizó haciendo algunas  recomendaciones en el tema como fortalecer el Sistema nacional de personas con discapacidad, continuar con el registro de personas con discapacidad, continuar con la armonización legislativa, promover una vida independiente, incrementar la capacidad jurídica y tener certificación de personas con discapacidad.

En seguida, Eduardo Ángel Madrigal de León, director del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, dio un panorama de la organización de la salud mental en México. El médico denunció la dificultad y resistencia para incorporar la salud mental en la salud primaria, la ausencia de una red de servicios, capacitación y vinculación, además de que persisten violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad mental: “hemos tenido enormes avances en los últimos 60 años, por ejemplo, en el desarrollo de tratamientos farmacológicos, intervenciones más integrales y, sin embargo, no ha habido el avance que se da en otros campos”.

En el tema legislativo, Madrigal de León señaló que en los últimos años han proliferado leyes estatales de salud mental que se convierten en leyes aspiracionales. En cuestiones de estadísticas mencionó que el 13% de la población mundial tiene trastornos psiquiátricos y mencionó a la depresión como una enfermedad discapacitante muy común. Al respecto, advirtió que en México se tiene un brecha de atención del 80%, lo que quiere decir que solo el 16% de las personas que tienen algún trastorno mental reciben algún tipo de atención y hay una brecha de 14 años entre el inicio de los síntomas y la posibilidad de darle tratamiento.

El médico afirmó que el contexto social influye en las posibilidades de tener trastornos y en los últimos 14 años el problema del consumo de sustancia ilegales se ha triplicado en los hombres y cuadruplicado para las mujeres. Indicó que existe un sistema fragmentado y dijo que “ha habido invisibilidad y estigma históricamente en la atención a la salud mental y las instituciones han tenido respuestas insuficientes”. Finalizó exhortando a construir de un sistema escalonado de atención a la salud mental con respeto a los derechos humanos y concluyó diciendo que los problemas de salud mental deben de ser problemas de salud pública y los servicios de atención deben de estar insertos en los servicios de salud en general.

Después la colegiada María Elena Medina-Mora afirmó que la salud mental es un bien público y es relevante para el desarrollo sostenible, además de asegurar que es un derecho humano fundamental. Al mencionar los pendientes que se tienen en el tema dijo que “lo que necesitamos es atender los determinantes sociales que hacen que la persona no tenga acceso y sufra una serie de vicisitudes como la violencia y que tiene que ver con su capacidad de incluirse en la sociedad, con el derecho al trabajo y el acceso a la educación y a la vivienda”. La especialista reiteró que existe un convenio con la Convención para los Derechos de las Personas con discapacidad que establece proteger a las personas con discapacidad para que tengan una participación plena y efectiva en la sociedad, además de garantizar su derecho a la dignidad, la autonomía, la independencia y busca evitar la discriminación y garantizar su participación en la sociedad. Sumado a esto, aclaró que las Metas de Desarrollo Sostenible, planteadas por la ONU,  contemplan a la atención a la salud mental en varios de sus puntos.

Medina Mora indicó que la enfermedad mental no tiene prioridad porque no causa mortalidad rápida, sin embargo, se sabe que el 90% del suicidio tiene una relación con la enfermedad mental y la suma de una enfermedad mental con otra enfermedad crónica aumenta el daño a las personas: “cuando está junta la depresión y la diabetes hay más discapacidad y eso pasa con todas las enfermedades crónicas”. Señaló que actualmente es necesario tener un buen diagnóstico para canalizar a los enfermos de acuerdo a su padecimiento y reducir la carga de la enfermedad, además de advertir que se necesita dinero para que las personas con padecimientos mentales graves tengan lugares protegidos y trabajo adaptado a sus condiciones.

La colegiada afirmó que es caro el tratamiento de una enfermedad mental, pero es más caro no tomar el tratamiento: “lo que hizo el Foro Económico Mundial es estimar qué es lo que pasa cuando no se atiende a la salud mental y cuánto nos está costando. Lo que se ve es que costará a la economía global 16 billones de dólares americanos en los próximos 20 años que es más que el producto interno bruto combinado de Europa central, los países bálticos, Oriente medio, África subsahariana y América Latina”. La psicóloga señaló que la enfermedad mental tiene un impacto en el desarrollo con vinculación en factores demográficos como la edad, el género, la etnicidad, la inequidad, el ambiente construido y la cultura como capital social: “los determinantes sociales ejercen un alto impacto y la cobertura del tratamiento no es suficiente, se requiere colaboración intersectorial para el desarrollo”.

Medina Mora finalizó diciendo que lo que se necesita actualmente son programas comunitarios de alivio a la pobreza, la atención inmediata a los enfermos graves y abandonados, generar la desinstitucionalización, fomentar el derecho de los enfermos a ser escuchados, promover la directriz avanzada, velar por la protección de la persona sin violar sus derechos, fortalecer las voces de la sociedad civil y revisar el marco jurídico.

Gabriela Cámara Cáceres, fundadora de Voz Pro Salud Mental, leyó un texto titulado La sociedad civil y sus acciones a futuro en donde expuso su experiencia dentro de la sociedad civil, destacó el programa Familia a familia y narró los avances que han tenido en su organización para entender los padecimientos mentales. En este sentido, denunció que hay varios grupos de la sociedad civil que se forman con fines de ganancia económica y exhortó a ser empáticos con los enfermos. La psicóloga también denunció que hay diferentes formas de interpretar la ley y especialmente se enfocó en el derecho a la salud y su relación con el tratamiento a los padecimientos mentales: “en México la ley esta maravillosa, pero no tenemos realmente programas que funcionen, que sean integrales, que se den cerca de las comunidades y desgraciadamente nos quedamos en letra muerta”.

Por último, Mariana Mureddu Gilabert, integrante del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, habló sobre los compromisos que el poder judicial tiene para hacer respetar los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial y reflexionó sobre la figura de interdicción. Explicó el proceso que se ha realizado hasta llegar a la inconstitucionalidad de esta figura: “si los conceptos jurídicos son deficientes es claro que las regulaciones que deriven de ellos no pueden funcionar por más que se tienen buenas intenciones”. Finalizó mencionando un protocolo de ocho principios básicos para juzgadores que resuelven controversias que afectan derechos de las personas con discapacidad y destacó la importancia de la justicia terapéutica.

 

Puede consultar la actividad completa en el canal de YouTube de El Colegio Nacional: https://www.youtube.com/watch?v=j857Xw37uHk

 

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