ECN | 6 julio 2017

¿Quiénes somos los mexicanos?

• La pluriculturalidad y la plurilingüística de México son valores todavía más grandes que el de la biodiversidad: Miguel León-Portilla
• El diseño de los presupuestos tiene que pasar por un enfoque de derechos humanos: Luis Tapia Olivares 

El ciclo Quiénes somos los mexicanos. Diálogos de multiculturalidad se llevó a cabo la tarde de ayer en El Colegio Nacional (ECN) con la conferencia Derechos humanos, justicia y lenguas indígenas. Miguel León-Portilla, miembro de ECN, historiador y antropólogo, coordinó este ciclo junto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). El ciclo contó con la participación de Juan Gregorio Regino, Director Gral. del INALI, Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora Gral. de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, Luis Tapia Olivares, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., y Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón, integrante del INALI.

Miguel León-Portilla inauguró el ciclo lanzando un mensaje en lengua otomí sobre la pluralidad cultural y lingüística de México, afirmando que “esta riqueza es un valor todavía más grande que el de la biodiversidad” y apostó por un modelo de nación en el que las lenguas indígenas sean oficiales en los lugares donde se hablan, además del español. A continuación, Juan Gregorio Regino, Director Gral. del INALI, remarcó la importancia del ciclo para fomentar el diálogo entre indígenas y no indígenas, y para entender “el México de hoy y trazar un nuevo imaginario nacional en el que el pensamiento indígena debe tener voz propia.”.

Ruiz Mondragón inició su participación exponiendo el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Cornelio y Teresa González Cornelio -presentes en el acto-, mujeres indígenas otomíes vecinas de la localidad de Santiago de Mexquititlán (Querétaro), que fueron acusadas falsamente de secuestro el año 2006 y condenadas a 20 años de cárcel. Ruiz Mondragón explicó que las mujeres no recibieron asistencia de ningún intérprete durante su declaración preparatoria ni durante las demás diligencias del juicio, aunque apenas hablaban español. Este hecho supuso una violación de los artículos 2º y 4º de la Constitución y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, “toda vez que ambas normas establecen el apoyo de intérpretes y garantizan la no discriminación y el acceso a la justicia”, apostilló la especialista.

“Hay un gran desconocimiento por parte de los funcionarios públicos dedicados a la procuración de justicia sobre la diversidad lingüística y cultural de México”, advirtió Ruiz Mondragón, y expresó la necesidad de contar con intérpretes en los juicios a los que se enfrentan los hablantes de lenguas indígenas.

En su intervención, Leticia Bonifaz remarcó que, desde 2006, en México se han implementado reformas en favor del pueblo indígena y de las mujeres a nivel jurídico, entre ellas: la reforma constitucional de Derechos Humanos de junio de 2011, la ratificación de convenios internacionales y la reforma a la ley de amparo. “Por esta razón”, acotó Bonifaz, “creo que en este momento no existe ningún vacío jurídico que permitiera que se volviera a dar una injusticia del tamaño y de la gravedad que sufrieron Jacinta, Alberta y Teresa’.

Así mismo, Bonifaz quiso destacar que desde la Dirección que encabeza en la Suprema Corte existe el compromiso de “fortalecer la interculturalidad”, además de difundir los derechos de los indígenas. 

Por su parte, Luis Tapia, reflexionó sobre la discriminación estructural contra las personas indígenas que se vive en México, “incluido el sistema judicial”. El abogado defendió que el estado debería implementar medidas para evitar detenciones y encarcelamientos injustos mediante la revisión integral de casos. 

“La justiciabilidad de los derechos cuesta y el diseño de los presupuestos tiene que pasar por un enfoque de derechos humanos”, subrayó Tapia. 

En 2010 se consiguió la liberación de Jacinta, Alberta y Teresa gracias a la intervención del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. A solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría General de la República (PGR) se disculpó públicamente en el presente año por los daños ocasionados a las tres mujeres.