• • Como parte del ciclo Diálogos constitucionales, coordinado por el colegiado Diego Valadés, se llevó a cabo la mesa La Constitución de El Salvador.
  • En la sesión participaron los salvadoreños Enrique Anaya, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional; y Sonia Rubio, investigadora independiente.
  • Para la especialista, la misma Sala de lo Constitucional en varias sentencias ha reconocido la influencia de la tradición constitucional estadounidense.
  • “La actual constitución tiene 41 años, pero tenemos serias dudas o mucha incertidumbre sobre lo que va a seguir a partir de este año”: Enrique Anaya.

Más allá del contexto o las razones por las cuales se han desarrollado constituciones en El Salvador, el constitucionalismo de la nación centroamericana ha tenido una tradición marcada “en la tradición estadounidense, incluso reconocida por la misma Sala de lo Constitucional en varias sentencias, pero también ha tenido una tradición más bien francesa”, aseguró la investigadora Sonia Rubio al participar en la sesión virtual La Constitución de El Salvador, como parte del ciclo Diálogos constitucionales, coordinada por Diego Valadés, miembro de El Colegio Nacional.

La constitucionalista salvadoreña reconoció que las constituciones que han existido en El Salvador, más que producto de una revolución social, han sido de carácter político: el desarrollo “de una reforma producida dentro de las elites que nos han estado gobernando en cada momento de la historia y que han buscado legitimarse o institucionalizar los cambios que, en su momento, se daban en el poder”.

“Y esto no es ajeno en la Constitución de 1983 —que rige en la actualidad en El Salvador—, que parte de la necesidad de dejar atrás un legado de carácter institucional de un gobierno o de una dictadura militar, la concatenación de distintos gobiernos militares que fueron estableciendo, a través de las normas constitucionales, determinadas reglas o ponderaciones para el establecimiento de su poder o legalizarlo”.

No obstante, la Constitución vigente es hija también de su tiempo, está marcada por la Guerra Fría, en el contexto de una guerra civil contrainsurgente, un conflicto armado de carácter interno, que había sido consecuencia de un profundo contexto de desigualdad social y económica de larga data en el país, donde también la institucionalidad salvadoreña había estado dominada por las fuerzas armadas y por la seguridad pública.

De forma tal que, con la Constitución de 1983, se busca dejar ese legado militar, de carácter institucional, por medio de una expresión constituyente, pero no es producto de un movimiento popular: “podemos decir que la modificación de la constitución salvadoreña ha sido bastante dinámica y, quizás, una de las más importantes es la que se produce en el marco de los Acuerdos de Paz”.

“Ahí sí hay un cambio de paradigma de la Constitución salvadoreña y, al menos, se comienzan a atender aquellos criterios más vinculados a la dignidad humana, a establecer límites específicos al poder, no solamente de cómo se organiza el Estado a través de sus instituciones, sino también el alcance de aquellos atributos inherentes a la persona humana que deben estar garantizados y respetados por el Estado salvadoreño”.

A su parecer, en la historia del constitucionalismo salvadoreño sí hay cambio de paradigma con la constitución de corte liberal que se establece en 1886, cuando se comienza a ver una separación del Estado y la religión; el segundo cambio de paradigma sucede desde las reformas de 1991, las cuales no se acuerdan con los parámetros democráticos, había proscripción de partidos políticos, no todas las ideas políticas pudieron participar legítimamente de la construcción de esta constitución.

“Este hecho, en sí mismo, no la deslegitima, porque a partir de algunas reformas muy vinculadas con este proceso de negociación que se da con el acompañamiento de la comunidad internacional, se incorporan otros derechos al catálogo de los derechos que establece la constitución, pero también se le da la oportunidad de participar a otro tipo de corrientes, de las cuales quedan establecidas posteriormente en la constitución”.

El catálogo de derechos salvadoreño es bastante completo, muy representativo de su época: derechos civiles y políticos, libertades fundamentales que debemos tener siempre vigentes en cualquier sistema democrático, pero es interesante que hay un amplio catálogo de derechos sociales, como protección a las familias, artículos vinculados al derecho al trabajo, a la educación y también interesantes desarrollos en temas derechos y deberes ciudadanos, muy vinculados con el ejercicio de la participación política, “de lo que llamaríamos como el sufragio pasivo y el activo, es decir quiénes y cómo podemos participar para ser elegidos o elegidas, o para elegir a nuestros representantes”, señaló Sonia Rubio.

El diseño de la Constitución salvadoreña

Para Enrique Anaya, investigador del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, aun cuando hay muchas cosas que se deben arreglar en el diseño institucional de la Constitución de El Salvador, sigue presente la idea del caudillismo, pero también la idea del presidencialismo, desde el lenguaje mismo que se usa día a día.

“Hay que imaginar que, en la constitución salvadoreña, el vocablo gobierno es indicativo de poder del Estado y se dice que el gobierno es prácticamente todo el poder del Estado”, destacó el constitucionalista salvadoreño, por lo cual la presencia y el predominio del presidente hace que todos los ciudadanos, los periodistas, los políticos, inclusive los académicos, cuando hablan de gobierno se refieren, en realidad, a la presidencia de la república.

“Así se habla del gobierno de Nayib Bukele: ha habido siempre una idea de concentración absoluta del poder del presidente. Constitucionalmente, creo que la salvadoreña es uno de los documentos fundamentales en América Latina en el que menos poder tiene el presidente: por ejemplo, el presidente no puede emitir decretos de emergencia, como sucede en algunos países de América del Sur: tiene potestades muy poderosas, pero comparativamente también tiene capacidades muy reducidas”.

Lo contradictorio, comentó Enrique Anaya, es que si bien en la práctica, en la política de los agentes gubernamentales, la prensa, la población, sigue predominando la figura del presidente, hay cosas que definen la relación: el presidente de la república de El Salvador es el comandante general de las fuerzas armadas, es el jefe de la Policía Nacional Civil y del organismo de inteligencia del Estado, “eso le da un poder enorme para el control social”.

“En El Salvador, al presidente a veces se le dice ‘el hombre’, es decir ‘el que manda’. Así que, lamentablemente, aun cuando de manera formal sí se ha intentado en la Constitución ir reduciendo algunas potestades, inclusive la Asamblea Legislativa tiene potestades muy poderosas de control de la presidencia.

Por ejemplo, puede resolver sobre renuncias o acerca de licencias, puede desconocer al presidente si continua en el cargo después del vencimiento de su periodo, puede interpelar ministros, recomendar destitución de ministros: aunque a la Asamblea Legislativa le gusta llamarse ‘primer poder del Estado’; en realidad el país sigue siendo predominantemente presidencialista y se ejerce el poder desde un talante personalizado”, destacó Anaya.

Todo lo anterior lo comentó el constitucionalista salvadoreño después de ofrecer un panorama de la evolución de la Constitución de El Salvador, dividido en cuatro etapas: el periodo posindependencia, de 1841 a 1886; periodo liberal, de 1886 a 1950, de 1950 a 1979 se abre lo que denominó el periodo social y el periodo democrático, a partir de 1983.

“A partir de 1983 vino un periodo democrático: en 1979 sucede en El Salvador el último golpe de Estado, se emite una nueva constitución en 1983, sometida a grandes reformas, las primeras son del periodo 1991-1992, vinculadas con los acuerdos de paz que posibilitaron el fin de lo que llamamos conflicto social o conflicto militar, que no es más que guerra civil que duró 11 años”.

Así, a lo largo de su historia, El Salvador ha tenido 11 constituciones como república independiente, lo que coloca al país en el punto medio de América Latina, no son las seis de México o las cinco de Uruguay, “pero tampoco hemos llegado a las 19 de Bolivia o a las 22 de Ecuador”.

Ahora, la diferencia es que, en El Salvador, donde siempre hay una idea de integración en Centroamérica, también han tenido constituciones como Estado formando parte de la integración centroamericana, “así, hemos tenido tres constituciones federales, la de 1824, para formar parte de la Federación de Centroamérica; en 1842 hay un intento de reunificación de Centroamérica y se emite una constitución de la Confederación Centroamericana; en 1921, Guatemala, el Salvador y Honduras hacen otro esfuerzo de reunificación, que también fue otro fracaso”.

“Se trata de un número importante de constituciones y nos demuestra esta visión política de que se necesita de una constitución para legitimarse, lo que da el ropaje de institucionalidad democrática. Desafortunadamente se han dado para el gobernante en turno y de muy poca duración. La actual constitución tiene 41 años, pero tenemos serias dudas o mucha incertidumbre sobre lo que va a seguir a partir de este año”, destacó Enrique Anaya.

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