La Constitución de Chile de 1980 fue promulgada durante el régimen militar del general Augusto Pinochet. Estableció un modelo de “democracia protegida” que limitaba la participación ciudadana y otorgaba amplios poderes al presidente. También incluía senadores designados y vitalicios, un Consejo de Seguridad Nacional conformado por altos mandos militares y policiales, y un Estado subsidiario que limitaba la intervención estatal en la economía. Aunque ha sido modificada ampliamente, estas características y las circunstancias antidemocráticas de su promulgación han generado descontento y minado su legitimidad.
 

En el segundo mandato de Michelle Bachelet se realizaron consultas ciudadanas sobre el cambio constitucional, pero sin resultados inmediatos. Las protestas estudiantiles de 2011-2012 ampliaron la demanda por una nueva Constitución, pero el gobierno de entonces no respondió políticamente. Tras el estallido social de 2019, se acordó iniciar un proceso constituyente. Sin embargo, tras un plebiscito en 2020 y la elección de una Convención Constituyente en 2021, el pueblo rechazó rotundamente la propuesta de una nueva Constitución con el 61,89% de votos en contra en 2022. 

En la actualidad, el proceso constitucional en Chile ha pasado a manos del Congreso, el cual ha establecido una comisión de expertos encargada de generar una nueva propuesta de Constitución. Aunque el proceso aún se encuentra en curso, estos acontecimientos resaltan el arduo camino hacia una nueva Constitución en Chile, caracterizado por el descontento popular, las consultas ciudadanas, las movilizaciones sociales y las decisiones electorales trascendentales.  

En esta sesión de Diálogos constitucionales, el colegiado Diego Valadés sostendrá un diálogo sobre la sorprendente vitalidad del constitucionalismo chileno con sus colegas Francisco Zúñiga, de la Universidad de Chile, y Tania Busch Venthur, de la Universidad Andrés Bello. 

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